viernes, 27 de enero de 2012

Presidente Santos comienza la revolución agrícola desde Barranquilla


Campesinos presentarán la posibilidad de crear por lo menos 20 zonas integrales productivas en la Región Caribe.
Más que combustible para andar la locomotora del agro, los campesinos, indígenas y comunidades afrodescendientes de la Región Caribe necesitan tierras, principio y eje central de sus propuestas para la creación de zonas productivas integrales que hoy le presentarán al presidente, Juan Manuel Santos, durante el encuentro que se realizará, a partir de las 10 de la mañana en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

Esta solicitud, aclamada por los campesinos de la Costa, es sustentada por el informe de la oficina de Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada, que indica que a los campesinos le han sido expropiadas 1.104.844 hectáreas de tierra en los últimos años, de las cuales se les han restituido 5.000 hectáreas, aproximadamente.

“Esta es una cantidad simbólica. Los campesinos no han retornado a estas tierras por el fenómeno que aun ejercen las autodefensas en estas territorialidades, de allí se desprende la necesidad de una alianza de las comunidades con el Gobierno Nacional y esto es lo que queremos pactar en el encuentro del Estadio Metropolitano”, explicó el coordinador del evento Alejandro Suárez, quien espera contar con la presencia de unas 20 mil personas.

Una radiografía que se repite

El diagnóstico de los problemas de los campesinos, indígenas y afrodescendientes se repite casi que intacto en los siete departamentos de la región con un síntoma común y persistente en todas las localidades: pobreza y detrimento de la calidad de vida de los habitantes del sector más importante de la economía colombiana.

EL HERALDO con sus corresponsales realizó un recorrido por la Costa, en el que encontró situaciones y circunstancias que bien vale la pena tener en cuenta.

Con 343.822 hectáreas expropiadas, Bolívar se convierte en el Departamento con más tierras que recuperar para sus campesinos, cuyos líderes le piden al Gobierno celeridad en el proceso de restitución y protección de sus vidas, pues no son un secreto las consecuencias que han dejado las acciones de los grupos armados al margen de la ley en su territorio.

El Cesar ocupa el segundo lugar en el ranking de la expropiación con 264.960 hectáreas. Comunidades campesinas de este departamento informaron que los casos de despojo y desplazamiento forzado se realizaron en 10 de los 25 municipios con que cuenta, siendo El Copey el más afectado; le siguen Valledupar, Becerril, Codazzi, La Jagua de Ibirico, El Paso, Manaure, Curumaní, La Paz y Astrea.

Los casos más comunes de despojo de las tierras se dieron por venta forzada, desplazamiento forzado y precio irrisorio.

Según los reclamantes las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC, son el grupo armado que causó mayor expropiación con un 95 por ciento del total de los casos, mientras que la Farc y el ELN aparecen con el 4 y 1 por ciento, respectivamente.

El tercer departamento con más tierras expropiadas es Córdoba, con 162.195 hectáreas. Aquí, además de la recuperación de estos terrenos, queda pendiente la restitución de las hectáreas que los bancos remataron a los antiguos parceleros, las cuales hoy hacen parte de grandes fincas de familias acaudaladas, mientras que los hijos de los antiguos propietarios, integran la informalidad del mototaxismo y otras ocupaciones.

La denuncia la hizo el alcalde de Cereté, Francisco Padilla Petro, tras afirmar que de nada ha servido su llamado al Gobierno para que no se abandone a los pequeños productores de algodón en Córdoba, donde de 18 mil toneladas que se producen en la actual cosecha, al menos la mitad corre el riesgo de quedar almacenada y sin comercializar.

Dijo que el Gobierno desconoce cuál es la realidad de los algodoneros en Córdoba y Cesar y es el momento de afrontarla.

Vías de arranque

De nada sirve impulsar la economía sin adecuar la infraestructura vial, insisten los campesinos del Magdalena, cuarto departamento con más hectáreas expropiadas: 161.696 en total. Solicitan la gestión para hacer realidad la carretera de la Productividad o marginal al Río y el arreglo de las vías terciarias. Además requieren más recursos para atender a los damnificados por el invierno, especialmente en materia de reubicación y soluciones de vivienda.

En Sucre, los campesinos reclaman 99.352 hectáreas. Aquí el símbolo del conflicto es la finca La Europa donde 84 familias están enfrentadas a la empresa Arepas Don Juancho que adquirió 900 de las 1.321 hectáreas que la conforman.

En Ovejas, San Onofre, Majagual y Guaranda se registran situaciones similares.

Pese a que en La Guajira, las comunidades indígenas han sido expropiadas de 63.815 hectáreas por grupos de Autodefensas, la Defensoría del Pueblo afirmó que por la falta de información no se ha iniciado la restitución.

El Atlántico, considerado departamento receptor de desplazados por la violencia, ocupa el séptimo lugar en la Región Caribe por la cantidad de hectáreas expropiadas, 1.974 en total.

Aquí, según los líderes campesinos, la crisis social que generó la inundación del cono sur ha comenzado a pasar cuentas de cobro con hambrunas, desempleo y un continuo deterioro de la calidad de vida de los habitantes. Hernet Menco, promotor del Comité Permanente de Solidaridad con el Sur del Atlántico, afirmó que la situación de estos pueblos resulta violatoria de los derechos humanos, como en casi todos los departamentos de la Región.

Proyecto de protección

El proyecto Protección de Tierras y Patrimonio de la Población Desplazada por la Violencia es una iniciativa adelantada por la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional. Cuenta con el respaldo del Banco Mundial, la Agencia Sueca de Cooperación Internacional, entre otros.

El proyecto, originalmente tuvo como objeto de intervención la protección de las tierras y territorios afectados por la violencia o el desplazamiento. Sin embargo, su accionar actual se extiende hacia otros campos de trabajo que propenden por la formalización y restitución de los derechos sobre tierras y territorios abandonados o despojados. Así mismo, trabaja con equipos interdisciplinarios en todo el país.

Por Redacción Locales - EL HERALDO

Comunidad Wiwa de la Sierra Nevada recibió 124 kits agro del Gobierno local

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jueves, 5 de enero de 2012

Agro solo tiene tres aseguradoras con pólizas definidas

Para financiar el subsidio del 2012, el Ministerio de Agricultura apropió 100.000 millones de pesos.

El Gobierno espera una mayor oferta de las aseguradoras en pólizas de amparo de cosechas contra riesgos climático y sanitario para el campo colombiano.

Esa fue la razón por la que aplazó por seis meses más la obligatoriedad para los productores de tomar un seguro agropecuario, que estaba programada para que entrara en vigencia desde ayer.

Por su parte, el gremio de los aseguradores (Fasecolda) y sus empresas afiliadas están trabajando en ajustar sus ofertas y al mercado un portafolio amplio, con el fin de que los productores tengan varias opciones.

Por ahora, La Previsora, Suramericana y Mapfre son las tres compañías que están en el partidor de esta competencia, con ofertas de seguros de daños a cosechas en el país.

SUBSIDIO DE HASTA EL 60%
El atractivo que tiene este programa para los cultivadores es el subsidio de hasta un tope del 60 por ciento del valor de la póliza colectiva y del 30 por ciento para las individuales. Para financiar el subsidio del 2012, el Gobierno apropió 100.000 millones de pesos.

Entre tanto, las empresas reaseguradoras internacionales tienen buena parte del inventario de las contingencias climáticas que se presentan en Colombia.

En su momento, Luciano Carmona, vicepresidente de propiedades de la reaseguradora suiza Swiss Re, le dijo a Portafolio que la obligatoriedad del seguro ayudará a incrementar la demanda del producto financiero; recordó el caso de Estados Unidos, donde en sólo un año (cuando fue obligatorio) el producto cobijó casi el 85 por ciento del área sembrada.

Además, resaltó que el cambio climático contribuye a que los productores agrarios se den cuenta de la necesidad que tienen de cubrirse frente a todo tipo de contingencias, a las que el mercado da cobertura.

“Vale la pena llamar la atención, a todos los actores de esta cadena, para que pisen el acelerador. Es una herramienta que favorece a los productores, al sistema financiero y a la misma política gubernamental”, dijo Luis Eduardo Gómez, presidente del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro).

CULTURA ASEGURADORA
“El Gobierno está impulsando esta herramienta financiera como respuesta al clamor del sector desde hace muchos años.

Además, debe promoverse la cultura aseguradora por la seguridad económica que representa y por la permanencia de los productores en el sector agrario”.

Pese a que hay sectores que no despegan en materia de seguros, otros definitivamente marcan el dinamismo que necesita ese mercado.

Por ahora, los productores más interesados en el aseguramiento son los cultivadores de tabaco y banano, dijo el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo.

NUEVA OFERTA
A partir del primero de julio, todos los créditos desembolsados por Finagro deberán tener, como requisito, un seguro.

Por ahora, se espera que los cultivos de ciclo corto (más café) cuenten con la cobertura, mientras que para los demás cultivos el proceso se hará de forma gradual.

Por ahora, la obligatoriedad será parcial para café (en renovación), caña, arroz, algodón, maíz, sorgo, soya y papa.

En diciembre pasado, el comité de cafeteros del Quindío contrató con la multinacional española Mapfre una póliza colectiva de seguro para proteger a sus afiliados de desastres naturales como sequías, inundaciones y problemas sanitarios que se puedan presentar en esa zoba del país.

Este garantiza la pérdida de la producción, como consecuencia de contingencias climáticas.

Entre estas se cuentan la muerte misma de los palos de café, por la incidencia de avalanchas o deslizamientos, lo mismo que la pérdida de la producción y la productividad, derivado de lluvias, granizadas o sequías.

Inicialmente,se beneficiaron 500 hectáreas de pequeños productores, quienes tienen algo menos de cinco hectáreas cada uno.

PÓLIZA PARA ARROCEROS
Por su parte, el sector arrocero ya inició pruebas piloto en Casanare, donde el mayor interés está en lograr una cobertura contra el vaneamiento del arroz, una enfermedad que impide que las espigas se llenen de granos; esto, debido a la escasez de luz solar, causada por el invierno.

Así mismo, una compañía de seguros está diseñando las pólizas y haciendo estudios de radiación solar y régimen de lluvias en esa zona del país.

EL PAÍS SIGUE REZAGADO EN COBERTURA PARA EL SECTOR RURAL
Según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), la cobertura agropecuaria se creó en Colombia con la expedición de la Ley 69 de 1993, y sólo se puso en marcha con la expedición del Decreto 3377 del 2003.

“A pesar del apoyo a las primas, la penetración del seguro agropecuario en Colombia sigue siendo muy baja", dice un análisis de la entidad.

Finagro reportó que desde el 2004 apenas 35.000 productores han asegurado 182.000 hectáreas.

El valor de estas primas ascendió a 62.823 millones de pesos, de los cuales el Estado pagó 37.175 millones de pesos.

En la generalidad de los casos, el seguro cubre contingencias generadas por lluvias, granizo, avalanchas, heladas, vientos fuertes y sequías.

Su organización institucional depende del Ministerio de Agricultura, que establece el subsidio a la prima.

Actualmente dicha ayuda puede ser hasta del 60 por ciento de esta y se fija teniendo en cuenta el tipo de cultivo.

Las pólizas se obtienen de manera individual o colectiva. En este último caso, lo que se busca es que haya un ente integrador, que puede ser el gremio sectorial.

Portafolio.co